Anulan orden de detención a Evo Morales en Bolivia


Era investigado por terrorismo. Además se anuló una orden de arresto contra el exministro de Justicia, Héctor Arce

La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario izquierdista Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección de su delfín Luis Arce como nuevo presidente, informó este lunes el juez Jorge Quino.

La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al canal Unitel.

El Tribunal Constitucional debe revisar en los próximos días el fallo, dictado por el juez Román Castro, pero parece improbable que lo anule.

La fiscalía había imputado a Morales el 6 de julio por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó una vez más su detención preventiva.

Una primera orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales (2006-2019), luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.

La fiscalía había abierto además otra causa a Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato, y que luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades.

No hubo avances en este caso en la justicia.

El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas.

El fallo que favorece a Morales llega una semana después de que Arce ganara sorpresivamente las elecciones presidenciales del 18 de octubre en primera vuelta con el 55 % de los votos.

Tras el comicio, Morales dijo que “tarde o temprano” retornaría a Bolivia.

“Mala señal”

El juez que falló en favor de Morales es el mismo que también anuló este fin de semana una orden de arresto contra su exministro de Justicia, Héctor Arce, quien también era investigado por el supuesto fraude en las elecciones del año pasado y estaba refugiado en la embajada de México desde hace once meses, cuando dimitió Morales.

En la residencia diplomática mexicana hay cinco exministros y otros dos exfuncionarios del gobierno de Morales que esperaban un salvoconducto para salir de Bolivia, que el gobierno derechista siempre les negó.

Sobre ellos pesan denuncias de supuestos delitos de fraude electoral, sedición y terrorismo, que seguramente ahora serán anulados.

El caso ha crispado las relaciones entre Bolivia y México.

Días atrás, la canciller Karen Longaric dijo que dejaría el caso de los refugiados en la residencia mexicana en manos del nuevo presidente, quien debe asumir en noviembre.

Un ministro de la presidente interina de derecha Jeanine Áñez lamentó que la justicia emita fallos en favor de exfuncionarios de Morales después del triunfo de su delfín.

“Si las personas que están involucradas (en supuestos delitos) empiezan a ser liberadas, se está dando una muy mala señal al país”, dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

Otras acusaciones

Morales, de 60 años, fue blanco de numerosas acusaciones del gobierno de Áñez, que recrudecieron en la fase final de la campaña electoral.

La fiscalía había intentado a inicios del año que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, pero el organismo lo rechazó por considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.

Además, el 4 de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Morales por supuestos crímenes de “lesa humanidad” por los bloqueos de rutas de agosto.

Sin embargo, esta acción pareció ser meramente mediática en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso.

Además, la Corte interviene solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.

La fiscalía boliviana había dicho que investigaría los bloqueos de rutas, pero nunca informó de avances.

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